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Buenos Aires, 1 may (.).- Las negociaciones de Argentina con acreedores privados para reestructurar bonos por 66.000 millones de dólares entran este viernes en tiempo de descuento, cuando en una semana vence el plazo de adhesión a la propuesta de canje sin que de momento asome un entendimiento entre las partes.

Hace dos semanas, el país, hundido en una severa crisis económica, formalizó una oferta de canje para bonos emitidos bajo legislación extranjera por 66.239 millones de dólares y marcó el 8 de mayo como fecha límite para que los inversores den su conformidad.

De momento, las posiciones -al menos las públicas- de unos y otros lucen irreconciliables: para los acreedores, la oferta es «agresiva» e inadmisible; para el Gobierno de Alberto Fernández, la propuesta es «seria» y el país no tiene posibilidades de ofrecer más.

«Entramos en los últimos días de plazo para tomar una decisión acerca de la aceptación o no de la primera propuesta -y no sabemos aún si es la única- que hizo el Gobierno. Una propuesta que no ha cosechado grandes comentarios positivos en el mercado», apuntó Santiago Abdala, director de la firma Portfolio Personal Inversiones.

LA PROPUESTA ARGENTINA

La propuesta de canje lanzada por Argentina incluye un período de gracia de tres años, con lo que Argentina empezaría a pagar recién en 2023, con un tasa inicial del 0,5 %, que se incrementará paulatinamente hasta un interés promedio del 2,33 % y una tasa máxima de 4,875 %.

La oferta implica reducir el capital en 3.600 millones de dólares, lo que equivale a una quita del 5,4 % sobre el stock adeudado, y los intereses en 37.900 millones de dólares, lo que equivale a una quita de intereses del 62 %.

Argentina ofrece a los acreedores diez nuevos tipos de bonos, en dólares y euros, con vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.

La oferta fue rechazada por grandes conglomerados de acreedores, entre ellos el denominado «grupo ad hoc», integrado por fondos de inversión como Ashmore, BlackRock (NYSE:) y Fidelity, que sostuvo que la propuesta busca cargar una parte «desproporcionada» de los esfuerzos que debiera hacer Argentina «sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales».

Para el economista Guillermo Mondino, director de Mogador Capital, la oferta argentina «es muy poco tentadora», pero, «con algún esfuerzo, se podría mejorar» para acercar posiciones.

«Si no se hace esto, lo más probable será una aceptación parcial, limitada, de entre un 30 y un 35 %, lo que pondría al Gobierno en una situación muy incómoda», indicó Mondino.

«ROAD SHOW» VIRTUAL

Pese a las inflexibles posiciones expresadas hasta ahora, los contactos entre las partes se reanudaron esta semana.

La pandemia de coronavirus ha impedido un «road show» clásico, con viajes de representantes argentinos a las principales plazas financieras. En su reemplazo, las conversaciones son por vídeoconferencia.

«Hoy por hoy, si bien desde el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentran realizando reuniones virtuales junto con algunos acreedores, muchos otros fondos están buscando otras vías para hacerle saber al presidente que la propuesta presentada por el ministro resulta inviable», señaló la correduría Delphos Investment.

En el mercado se espera alguna contraoferta por parte de los acreedores o que Argentina ofrezca algún «edulcorante» que mejore el nivel de adhesión.

De acuerdo a diversos análisis técnicos, el valor de la oferta es de entre 32 y 40 dólares por cada 100 dólares de valor nominal de los bonos, que hoy se cotizan en el mercado a precios deprimidos de entre 25 y 30 dólares.

Consultores financieros calculan que Argentina podría ofrecer una mejora de valor de entre 5 y 8 dólares, mientras que los acreedores pretenderían una mejora de entre 15 y 20 dólares.

Aunque el plazo límite del 8 de mayo para adherir a la propuesta puede prorrogarlo el Gobierno, todo el proceso de negociación se ve condicionado por otra fecha: el 22 de mayo, cuando termina el período de gracia de treinta días al que Argentina se acogió tras decidir no pagar el 22 de abril un vencimiento por 500 millones de dólares de intereses de bonos que forman parte de la propuesta de reestructuración.

Si para ese día Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores y no cancela el vencimiento, podría ser considerada en suspensión de pagos.