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Bruselas, 26 oct (.).- Uno de cada ocho euros concedidos por el Plan de Inversiones de la Unión Europea (UE), más conocido como Plan Juncker, ha ido a España, que desde 2015 ha recibido en total 10.239 millones de euros para financiar proyectos de infraestructuras, climáticos o apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El objetivo de estas inversiones avaladas por el presupuesto comunitario es servir de base para atraer financiación adicional, sobre todo privada, de modo que la inversión final que se espera movilizar alcanza los 49.124 millones de euros, casi cinco veces la inicial.

Así se desprende del informe publicado esta semana por la Comisión Europea con motivo del fin del mandato de Jean-Claude Juncker, quien dio nombre a un plan que le sobrevivirá políticamente, ya que Bruselas ha propuesto prolongar más allá de 2020 una de sus iniciativas estrella.

El plan se puso en marcha en 2015 para impulsar la inversión en la UE tras el desplome que sufrió durante la crisis y en 2018 se amplió hasta finales del año próximo. Según los cálculos de la Comisión, los 81.000 millones invertidos hasta octubre generarán una inversión total de 439.400 millones.

En la práctica, funciona canalizando financiación a través del Banco de Inversiones Europeo (BEI) con la idea de dar un primer respaldo financiero a los proyectos seleccionados que aliente a otras entidades públicas o privadas a invertir, en particular, en aquellos que por su riesgo o carácter innovador no tienen fácil conseguirla inicialmente en los mercados.

Desde entonces, España es el tercer país que más financiación ha recibido en términos absolutos por detrás de Francia (14.226 millones) e Italia (10.772 millones), y el séptimo más beneficiado en relación con su PIB, precedido de países más pequeños como Grecia, Estonia o Portugal.

En total se han aprobado 109 proyectos de infraestructuras e innovación con 8.600 millones de euros y se han firmado 31 acuerdos para dar financiación a pequeñas y medianas empresas por 1.600 millones, de los que se beneficiarán 165.355 pymes.

Entre los proyectos financiados destacan los relacionados con renovables o eficiencia energética, como una iniciativa para construir viviendas sociales eficientes en Navarra, la construcción de nueve plantas de energía eólica en Aragón o la incorporación de autobuses eléctricos en Valencia.

También los hay innovadores y de investigación: la empresa emergente zaragozana Exovite recibió financiación para investigar nuevos tratamientos de los huesos rotos y las catalanas Grifols (MC:) y Almirall (MC:) para hacerlo sobre el alzheimer o enfermedades sin cura, mientras que la también emergente Ecoalf obtuvo apoyo para su proceso de fabricación de ropa con deshechos marinos.

La Comisión calcula que, en toda la UE, el Plan habrá generado un aumento del 0,1 % del PIB y contribuido a crear 1,1 millones de empleos a finales de este año, aunque el Tribunal de Cuentas Europeo y algunos expertos ponen en duda sus estimaciones.

En enero, los auditores afirmaron en un informe que podría haberse sobreestimado su impacto sobre la economía real y añadían que algunos proyectos podrían haberse financiado sin el Plan Juncker, destinado a iniciativas de mayor riesgo que las que financia habitualmente el BEI.

«El efecto real empezará a notarse en 2021», apunta el analista del centro de estudios Bruegel Gregory Clays, quien cree que el plan «ha mejorado» desde su puesta en marcha porque ahora financia más proyectos con este valor adicional, pero critica que no hay «evaluaciones fiables» para medir el impacto.

«Por el lado positivo, si esto puede ayudar al BEI a cambiar su modo de invertir para que lo haga en proyectos de riesgo e innovadores, sería algo bueno», indicó a Efe, subrayando que de aquí en adelante la razón para invertir ya no será la falta de financiación, como tras la crisis, sino «sobre todo la lucha contra el cambio climático».

Desde la Comisión Europea argumentan que, efectivamente, esto ha permitido al BEI «desarrollar nuevos productos financieros (…) y aprobar más proyectos de lo que hubiera sido posible sin la garantía del presupuesto comunitario», lo que «prueba que el Plan Juncker realmente ha proporcionado ‘adicionalidad'».

El volumen de actividades de alto riesgo del BEI pasó del 5,4 % del total en 2014 al 26,5 % en 2018, apuntan.

Además, la Comisión puso en marcha un servicio de asesoría para ayudar a quienes quieran presentar sus proyectos, lo que ha permitido sobre todo a los países pequeños tener más éxito a la hora de ser elegidos. De las 1.400 demandas que ha recibido, solo 59 vinieron de empresas españolas.