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Natalia Kidd

Buenos Aires, 9 abr (.).- La decisión de Argentina de postergar hasta finales de año sus compromisos de deuda en dólares alivia su calendario de vencimientos, pero no despeja las dudas sobre la reestructuración de los bonos bajo legislación extranjera, que pretende concretar cuanto antes para dar aire a su asfixiada economía.

Agobiado por una recesión que cumple este mes dos años y con perspectivas de profundizar la caída por los efectos de la pandemia del COVID-19, el pasado lunes el Gobierno de Alberto Fernández decretó no pagar hasta 2021 los servicios de la deuda en dólares emitida localmente, lo que implica postergar compromisos por casi 10.000 millones de dólares.

La decisión alivia la carga financiera del país en momentos de tensión para sus cuentas públicas por la emergencia sanitaria -con mayor gasto público e ingresos en caída por la merma de la actividad debido a las estrictas medidas de aislamiento- y con reservas monetarias limitadas -unos 43.700 millones de dólares-.

La decisión excluye los vencimientos relativos a títulos bajo la ley extranjera previstos entre abril y diciembre, unos 410 millones de dólares de capital y 3.100 millones de interés, compromisos cuyo cumplimiento resultará clave para la negociación con los acreedores privados que tienen en sus carteras los papeles por 69.000 millones de dólares que Argentina pretende reestructurar.

Los mercados reaccionaron al denominado «reperfilamiento» de la deuda local en dólares castigando a los bonos afectados por la medida y empujando al alza los títulos bajo legislación de Nueva York, ya que los inversores interpretan que con esta decisión el Gobierno queda mejor situado para hacer frente a los compromisos externos mientras busca un acuerdo de reestructuración.

INCERTIDUMBRE LATENTE

Sin embargo, las dudas respecto al futuro de ese proceso siguen latentes. Para la consultora Balanz, la decisión de «reperfilar» tiene dos lecturas posibles: por un lado, implica que el Tesoro tiene más reservas para pagar los bonos de legislación extranjera durante las negociaciones; por otro, puede ser la señal de que Argentina alcanzó el «límite de uso de reservas» para el pago de la deuda.

«Nos inclinamos por la segunda», señala la firma en un informe.

Hay aspectos que disparan lecturas negativas entre los analistas, como el hecho de dar un trato diferenciado a los bonos -y, por tanto, a los acreedores- según sea su legislación, lo que afecta la credibilidad de Argentina, y si el aplazamiento de pagos implica o no un «default» (cese de pagos).

En principio, Fitch ya rebajó la nota de la deuda argentina en moneda extranjera al considerarla en «default restringido», un escalón previo al cese de pagos, que se produce cuando efectivamente se concreta un incumplimiento.

La agencia considera que Argentina aún no ha presentado una oferta formal de reestructuración y que es «muy incierta» la pérdida que los acreedores estarían dispuestos a convalidar, lo que, a su juicio, plantea «riesgos de negociaciones prolongadas y de incumplimiento de pago» dado que las autoridades han expresado «un apetito cada vez menor» por seguir pagando los vencimientos con reservas.

VENCIMIENTO CLAVE

Para la firma Portfolio Personal Inversiones, «la visión más favorable y de cierta probabilidad» es que Argentina siga cumpliendo con sus compromisos bajo ley extranjera.

Con todo, advierte de que en un escenario donde el equipo negociador argentino «pierde credibilidad a pasos agigantados» y «no hay posiciones oficiales claras», la incertidumbre es alta y «ser positivos con el proceso de reestructuración en curso cuesta».

Las miradas están puestas ahora en el 22 de abril. Ese día Argentina debe pagar 500 millones de dólares de intereses de tres bonos de ley extranjera.

Ahí se verá si Argentina cumple o no, o echa mano al período de gracia de treinta días para saldar la deuda antes de ser considerada en «default».

Para la consultora LCG, hay cuatro caminos posibles. Uno es que Argentina presente de inmediato una oferta de reestructuración y logre rápidamente un acuerdo; otra posibilidad es que decrete un «reperfilamiento» para los bonos bajo ley extranjera, sea considerado formalmente en «default» y afronte juicios en tribunales de Nueva York.

La tercera opción es que haga una oferta que se rechace y siga pagando los intereses mientras espera mejores condiciones internacionales para hacer una propuesta «más tentadora» para los acreedores.

La cuarta alternativa es no pagar el 22 de abril y caer en cese de pagos y justo después formalizar una oferta a los acreedores.

El desafío de esta última es justificar el impago de intereses en un año donde no hay carga de vencimientos. «El país no tiene vencimientos de capital, por lo que la voluntad de pago se vería afectada de cara a una futura negociación», señala LCG.